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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que el incremento del 23 por ciento del salario mínimo decretado para 2026 elevará el déficit fiscal desde este año y también hacia adelante y presionará el gasto público en pensiones, salarios estatales y recaudo tributario, en un momento crítico para las finanzas públicas.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que el incremento de 23 por ciento en el salario mínimo para este 2026 que fue decretado por el Gobierno de Gustavo Petro aumentaría el déficit fiscal en, al menos, 5,3 billones de pesos (0,3 por ciento del PIB) este año y en 8 billones de pesos (0,4 por ciento del PIB) de 2027 en adelante.
“Esta decisión genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica”, asegura el organismo independiente en su último comunicado.
En concreto, indica que este aumento afecta el gasto correspondiente a las pensiones del régimen de prima media (RPM) de alrededor de un mínimo. Por otro lado, un mayor salario eleva las erogaciones correspondientes al salario de los funcionarios públicos que devengan ese nivel de ingresos. En total, estima que este impacto se calcula en 0,6 billones de pesos.
Adicional a ello, dice que en el frente de ingresos un incremento en el costo salarial por cuenta de aumentos en el mínimo puede reducir el recaudo del impuesto de renta corporativo, producto de una reducción parcial en el margen de utilidad de las empresas.
“De 2027 en adelante, suponiendo que parte del aumento en el costo salarial se traduce en una reducción en el margen de utilidad de las empresas y sin considerar posibles efectos en el empleo formal, el Comité estima que el recaudo tributario de cuotas de renta podría reducirse en alrededor de 2,7 billones de pesos”, se puede leer.
A su vez, asegura que el mínimo impacta en el gasto del gobierno en bienes y servicios, tales como los de vigilancia y aseo. Por otra parte, señala que aumenta el valor de las pensiones correspondientes a rentas vitalicias de alrededor de un mínimo del Régimen de Ahorro Individual (Rais). Lo anterior, porque estas se ajustan en función del salario mínimo y no con el Índice de Precios del Consumidor (IPC).
“Cuando el mínimo crece por encima de la inflación y de la productividad, está contemplado un mecanismo de cobertura que establece que el Gobierno responderá por el faltante financiero requerido para cubrir el acervo que respalda esas pensiones”, indica.
Adicional a ello, el Carf indica que el mayor déficit fiscal alejaría la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deterioraría las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.
